[20/09/2008] ACCIÓN SINDICAL. CAMPAÑAS

7 de octubre de 2008: Jornada de Acción Sindical Mundial por el trabajo decente


En el caso de España, la lucha por el “trabajo decente” – dignamente retribuido, con derechos y protección social – se centrará en la eliminación del trabajo no declarado y la reducción de la temporalidad y de la siniestralidad laboral.

En el caso de Cesex, la lucha por el “trabajo decente” – además de lo anterior – se centrará en que la empresa respete a los trabajadores, al Comité de Empresa, cumpla con sus obligaciones y haga lo que dice la Ley.

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MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS)

UGT y CC.OO. han convocado a los trabajadores de la empresa pública Tragsa a secundar dos jornadas de huelga los próximos días 7 y 8 de octubre en protesta por la “negativa evolución” de las negociación del nuevo convenio colectivo. 

Los sindicatos consideran “inadmisible” que, tras más de veinte meses de negociación, la SEPI, accionista mayoritario de Tragsa, “se niegue a que mantengan su poder adquisitivo” los 8.000 trabajadores que la empresa tiene en todo el país, dedicados a multitud de actividades vinculadas con servicios esenciales para la sociedad. 

En un comunicado, las formaciones sindicales consideran “inaceptable que una empresa pública con beneficios y que presta un importante servicio a la sociedad provoque condiciones laborales injustificablemente injustas para los trabajadores”. 

Por ello, las federaciones de Metal, Construcciones y Afines de UGT (MCA-UGT) y la de Construcción, Madera y Afines de CC.OO (Fecoma-CC.OO.) advirtieron de que la huelga será sólo “el inicio de movilizaciones que pueden ser más contundentes si no se respetan las reivindicaciones sindicales”. 

Por el momento, y en paralelo al paro, los sindicatos han convocado a todos los trabajadores de Tragsa a una concentración ante el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino el próximo 7 de octubre, para demandar al “cliente principal y accionista de la empresa pública que medie en el conflicto”. Además, con el mismo fin remitirán una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.


[04/09/2008] AGRICULTURA
CREACIÓN DE LA NUEVA SOCIEDAD DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

El Consejo de Gobierno aprobó el 03/07/2008 la constitución de una nueva empresa en el seno del grupo Gpex, nuestra matriz, que bajo la denominación de SOCIEDAD DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, previsiblemente se hará cargo de la mayoría de las encomiendas que actualmente gestiona CESEX. Ni el Grupo matriz –Gpex- ni su filial más importante –CESEX- deberían pasar por alto algunos de los aspectos que se reseñan a continuación de cara a la puesta en marcha de la nueva sociedad.

EVENTUALIDAD

Desde que esta Sección Sindical comenzó su andadura en CESEX, se fijó como objetivo número uno paliar el problema más acuciante que afectaba a los trabajadores de la empresa: el altísimo índice de eventualidad. Esta eventualidad se muestra en todos los ámbitos en los que se desenvuelve nuestro trabajo, pero se manifiesta con mayor intensidad, en los trabajadores que prestan sus servicios en Agricultura debido al gran número de compañeros con destino en esa consejería. En todas las sesiones del Comité de Empresa este ha sido el gran tema número uno, razón por la cual se llegó al acuerdo de solicitar la vida laboral y los contratos de todo el personal pensando entre otras contingencias el caso presente que motiva estas líneas. La puesta en marcha y el comienzo de las actividades de la nueva sociedad es la ocasión propicia para intentar rebajar todo lo que se pueda esa desmesurada tasa de eventualidad -de acuerdo con las reiteradas directrices impartidas desde el Gobierno autonómico- puesto que ahora ya no es problema exclusivo de CESEX, sino que este problema también lo tiene Gpex.

ANTECEDENTES

Existe el pésimo precedente de FONAMA, ejemplo perfecto de lo que no debe ser un proceso de creación de una empresa y reducción de plantilla. No se consultó al comité de Empresa, se proveyeron los cargos a ocupar por los mandos intermedios saltándose a la torera todos los más elementales principios que una gestión profesionalizada demandan, como por ejemplo premiando a determinados empleados en contra del principio de igualdad, dándole cargos, subidas de sueldos y reconociéndoles la antigüedad en CESEX, en tanto que a los más se le hacía un contrato de tres años, pero eventual. Esperemos que no se tengan en cuenta esos antecedentes y se hagan las cosas con menos dosis de amateurismo, que en el caso de FONAMA y se consulte al Comité de Empresa, como manda la Ley, puesto que este tiene que emitir un informe sobre el particular.

RESPETO DE DERECHOS ADQUIRIDOS Y SUBROGACIÓN

Esperemos que en el caso de Agricultura se haga la reducción de plantilla en CESEX y el traspaso del personal a la empresa de Agricultura con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, de modo que en primer lugar se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores que prestan servicios en CESEX, subrogándose la nueva empresa en la obligación de reconocer la antigüedad, con lo que desde el momento de su creación esta empresa ya contará con trabajadores fijos, habida cuenta el grandísimo número de trabajadores de agricultura que pasarán a la misma y que son ya fijos “ope legis”, es decir por imperativo legal. En la misma línea que marca el Imperio de la Ley, propio del Estado de Derecho, y que el Director de Gpex y los mandos que le siguen, parece ser que están dispuestos a cumplir, la nueva sociedad deberá subrogarse en todas las relaciones jurídico-laborales de todos aquellos trabajadores de empresas del grupo que pasen a la nueva Sociedad.

CARRERA PROFESIONAL

En segundo lugar, y como también venimos demandando desde la campaña electoral es preciso que se de la oportunidad, a la hora de proveer puestos de trabajo, al personal que ahora presta sus servicios en CESEX pero no en agricultura, sino en otras órganos de la Administración con otras competencias. La provisión de jefaturas, y otros destinos o puestos de trabajo en la nueva empresa, con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa laboral vigente, debe hacerse de acuerdo con criterios objetivos, acordados conjuntamente con el Comité de Empresa, basados en titulación, méritos, y capacidad mediante convocatoria pública preferente dirigida a los trabajadores de CESEX que quieran presentarse y opten por pasar a prestar a servicios a esta nueva empresa, lo cual para algunos puede ser una forma de encauzar su carrera profesional, a la que todos tenemos derecho, y no solo unos cuantos, como parece ser que cree la empresa (Gpex y CESEX).

CONCLUSIÓN

Todo lo anteriormente expuesto en los aspectos de eventualidad, derechos adquiridos y subrogación de contratos y de carrera profesional, es la síntesis de lo reiteradamente manifestado tanto por esta Sección Sindical de CCOO como por los grupos de UGT y CSI-CSIF en el Comité de Empresa y en definitiva por el propio Comité en casi todos sus acuerdos. También viene a ser la línea de política sindical con que los tres sindicatos concurrieron a las elecciones para el Comité de Empresa al que en estos casos, como se ha dicho, le toca emitir informe como es el que se nos presenta consistente en una reestructuración en profundidad de la empresa, porque lo dice la Ley. Son algo más que simples variables dentro de un proceso de rengineering, son derechos adquiridos de los trabajadores, aspiraciones de todos los que trabajamos en el grupo y demandas de la sociedad extremeña. Se le presenta a Gpex y a CESEX una magnífica oportunidad de hacer por una vez bien las cosas. Esperemos que no la desaproveche, y se cumplan las manifestaciones del Director General del Grupo en el sentido de cumplir escrupulosamente la Ley.

UPN y CDN vetan una mesa que negociaría un convenio para 29 empresas públicas
La oposición apoya un mismo marco para los más de 1.100 empleados tal y como exigen los sindicatos. Los afectados no tienen patronal para negociar, mientras los partidos del Gobierno apelan a la futura Ley de Patrimonio.

Los votos de UPN y CDN fueron suficientes para que la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior del Parlamento de Navarra rechazara la formación de una mesa negociadora que pacte un convenio único para las 29 empresas públicas, en las que se emplean cerca de 1.100 trabajadores.

La moción, fue presentada por el grupo de Izquierda Unida-Ezker Batua y perseguía instar al Gobierno de Navarra a constituir dicha mesa sectorial, pero el apoyo de PSN, IU-EB, Aralar, EA y PNV fue insuficiente ya que sólo disponen de siete votos ante la oposición de UPN y CDN que cuenta con ocho votos.Miguel Izu, de Izquierda Unida–Ezker Batua, defendió la moción recordando que “a estas empresas se les aplica, entre otros, convenios como el de oficinas y despachos que no están pensados para ellas. Además, no se respeta íntegramente el derecho a la negociación colectiva de sus más de 1.100 empleados, porque su patronal, el Gobierno de Navarra, no negocia esos convenios”.

Así las cosas, demandó “una mesa específica y adecuada”.El principal argumento de UPN para oponerse a un convenio único de empresas públicas fue “la próxima promulgación de la Ley de Patrimonio”, tal y como lo dijo el miembro de UPN Faustino León. “Dicho texto analizará la situación de estas empresas, y mientras tanto, consideramos que la situación actual no plantea mayores problemas, porque existe una diversidad de convenios para diferentes tipos de empresas.

¿Qué tienen en común los ITG y Solano-Tecal?”, preguntó. “Nada, salvo su condición de firmas públicas“, lo que a juicio de UPN y CDN no basta para justificar un convenio común.

La representante de CDN, Milagros Oreja, se limitó a secundar y a afirmar el discurso de UPN.La oposición en boca de Izu (IU-EB), por su parte, replicó que “una Ley de Patrimonio regula la participación pública en empresas, pero es dudoso que descienda a cuestiones laborales y, aunque lo hiciera, ello es compatible con instar al Gobierno a crear una mesa negociadora”.

Sobre la postura que mantienen UPN y CDN, el portavoz de IU-EB consideró que tratan de “dilatar cualquier iniciativa”.El partido Socialista de Navarra también explicó el apoyo de su grupo a la moción. María Gracia Iribarren defendió que “los trabajadores de empresas públicas necesitan un interlocutor válido para negociar sus condiciones laborales, y ése debe ser el Gobierno de Navarra”. En el mismo sentido se explicó la representante de Aralar, Miren Egaña, quien considera “un sinsentido que ese colectivo sea considerado público sólo cuando conviene al Gobierno; si lo son a veces, lo tienen que ser siempre”.Los nacionalistas vascos también mostraron su desacuerdo. Según la representante de Eusko Alkartasuna, Maiorga Ramírez, “las empresas públicas deben ser un referente para las privadas, y no deben basar su competitividad en el recorte de derechos laborales”. Además, apuntó que dichas compañías “no deberían ser ajenas al control parlamentario”. Por su parte José LuisEtxegarai, del PNV añadió que “esta demanda debería atenderse en todas las comunidades autónomas, no sólo en Navarra”.

La reivindicación de un convenio único para todas las empresas públicas ha unido a los sindicatos más importantes, a UGT, CCOO, ELA y LAB, que ya han comparecido en el Parlamento para defender esta idea, y también han elaborado un informe e impulsado movilizaciones en el sector.

(…)

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4/julio/2008

:: JUNTA AL DÍA ::

Creación de la Sociedad Pública de Agricultura y Desarrollo Rural de Extremadura, S.A.U

El Consejo de Gobierno acordó autorizar a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura S.A.U, para que proceda a la constitución, como accionista único, de una nueva sociedad mercantil unipersonal cuya denominación social será “Sociedad Pública de Agricultura y Desarrollo Rural de Extremadura, S.A.U”.
La nueva sociedad, que tendrá un capital social inicial de 100.000 euros, suscrito íntegramente por la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A.U, será un instrumento jurídico para desarrollar la política agrícola y de desarrollo rural de Extremadura.
El objeto social de la nueva sociedad será la realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de conservación y protección del medio natural y medioambiental, de acuicultura y de pesca, así como los necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales, incluida la ejecución de obras de conservación o enriquecimiento del Patrimonio de la Junta de Extremadura en el medio rural.

:: JUNTA AL DÍA ::

Creación de la Sociedad de Gestión de la Innovación de Extremadura, S.A.U

El Consejo de Gobierno acordó autorizar a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura S.A.U. para que proceda a la constitución, como accionista único, de una nueva sociedad mercantil unipersonal cuya denominación social será “Sociedad de Gestión de la Innovación de Extremadura, S.A.U.”.
La nueva sociedad, que tendrá un capital social inicial de 100.000 euros, suscrito íntegramente por la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A.U., será un instrumento jurídico para desarrollar la política de innovación en la región como elemento “clave” para estimular la productividad y la competitividad empresarial.
Entre sus funciones estará gestionar los recursos humanos de carácter científico e investigador de los centros tecnológicos de la región; fomentar la cooperación y participación activa de todos los actores (clusters, centros tecnológicos, Universidad, administración pública y otros agentes implicados en la innovación) y gestionar los mecanismos de inversión y financiación para apoyar la investigación, el desarrollo científico tecnológico y la innovación.