MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS)

UGT y CC.OO. han convocado a los trabajadores de la empresa pública Tragsa a secundar dos jornadas de huelga los próximos días 7 y 8 de octubre en protesta por la “negativa evolución” de las negociación del nuevo convenio colectivo. 

Los sindicatos consideran “inadmisible” que, tras más de veinte meses de negociación, la SEPI, accionista mayoritario de Tragsa, “se niegue a que mantengan su poder adquisitivo” los 8.000 trabajadores que la empresa tiene en todo el país, dedicados a multitud de actividades vinculadas con servicios esenciales para la sociedad. 

En un comunicado, las formaciones sindicales consideran “inaceptable que una empresa pública con beneficios y que presta un importante servicio a la sociedad provoque condiciones laborales injustificablemente injustas para los trabajadores”. 

Por ello, las federaciones de Metal, Construcciones y Afines de UGT (MCA-UGT) y la de Construcción, Madera y Afines de CC.OO (Fecoma-CC.OO.) advirtieron de que la huelga será sólo “el inicio de movilizaciones que pueden ser más contundentes si no se respetan las reivindicaciones sindicales”. 

Por el momento, y en paralelo al paro, los sindicatos han convocado a todos los trabajadores de Tragsa a una concentración ante el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino el próximo 7 de octubre, para demandar al “cliente principal y accionista de la empresa pública que medie en el conflicto”. Además, con el mismo fin remitirán una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

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UPN y CDN vetan una mesa que negociaría un convenio para 29 empresas públicas
La oposición apoya un mismo marco para los más de 1.100 empleados tal y como exigen los sindicatos. Los afectados no tienen patronal para negociar, mientras los partidos del Gobierno apelan a la futura Ley de Patrimonio.

Los votos de UPN y CDN fueron suficientes para que la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior del Parlamento de Navarra rechazara la formación de una mesa negociadora que pacte un convenio único para las 29 empresas públicas, en las que se emplean cerca de 1.100 trabajadores.

La moción, fue presentada por el grupo de Izquierda Unida-Ezker Batua y perseguía instar al Gobierno de Navarra a constituir dicha mesa sectorial, pero el apoyo de PSN, IU-EB, Aralar, EA y PNV fue insuficiente ya que sólo disponen de siete votos ante la oposición de UPN y CDN que cuenta con ocho votos.Miguel Izu, de Izquierda Unida–Ezker Batua, defendió la moción recordando que “a estas empresas se les aplica, entre otros, convenios como el de oficinas y despachos que no están pensados para ellas. Además, no se respeta íntegramente el derecho a la negociación colectiva de sus más de 1.100 empleados, porque su patronal, el Gobierno de Navarra, no negocia esos convenios”.

Así las cosas, demandó “una mesa específica y adecuada”.El principal argumento de UPN para oponerse a un convenio único de empresas públicas fue “la próxima promulgación de la Ley de Patrimonio”, tal y como lo dijo el miembro de UPN Faustino León. “Dicho texto analizará la situación de estas empresas, y mientras tanto, consideramos que la situación actual no plantea mayores problemas, porque existe una diversidad de convenios para diferentes tipos de empresas.

¿Qué tienen en común los ITG y Solano-Tecal?”, preguntó. “Nada, salvo su condición de firmas públicas“, lo que a juicio de UPN y CDN no basta para justificar un convenio común.

La representante de CDN, Milagros Oreja, se limitó a secundar y a afirmar el discurso de UPN.La oposición en boca de Izu (IU-EB), por su parte, replicó que “una Ley de Patrimonio regula la participación pública en empresas, pero es dudoso que descienda a cuestiones laborales y, aunque lo hiciera, ello es compatible con instar al Gobierno a crear una mesa negociadora”.

Sobre la postura que mantienen UPN y CDN, el portavoz de IU-EB consideró que tratan de “dilatar cualquier iniciativa”.El partido Socialista de Navarra también explicó el apoyo de su grupo a la moción. María Gracia Iribarren defendió que “los trabajadores de empresas públicas necesitan un interlocutor válido para negociar sus condiciones laborales, y ése debe ser el Gobierno de Navarra”. En el mismo sentido se explicó la representante de Aralar, Miren Egaña, quien considera “un sinsentido que ese colectivo sea considerado público sólo cuando conviene al Gobierno; si lo son a veces, lo tienen que ser siempre”.Los nacionalistas vascos también mostraron su desacuerdo. Según la representante de Eusko Alkartasuna, Maiorga Ramírez, “las empresas públicas deben ser un referente para las privadas, y no deben basar su competitividad en el recorte de derechos laborales”. Además, apuntó que dichas compañías “no deberían ser ajenas al control parlamentario”. Por su parte José LuisEtxegarai, del PNV añadió que “esta demanda debería atenderse en todas las comunidades autónomas, no sólo en Navarra”.

La reivindicación de un convenio único para todas las empresas públicas ha unido a los sindicatos más importantes, a UGT, CCOO, ELA y LAB, que ya han comparecido en el Parlamento para defender esta idea, y también han elaborado un informe e impulsado movilizaciones en el sector.

(…)

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[02/05/2008]

Información de la Sección Sindical CCOO-CESEX

Como venimos informando, sabéis que se están negociando con la dirección aspectos esenciales, que a todos nos afectan en relación con:

1.- JORNADA.

De hecho, la inmensa mayoría de los trabajadores están acogidos a este horario, con contrato a jornada completa, estando equiparados en estos casos al personal de la Junta que desempeña puestos de trabajo con idéntico contenido de tareas.

Tan solo una minoría, en número aproximado a 40-60 trabajadores están obligados, incomprensiblemente, a efectuar jornadas de 40 horas, normalmente por las tardes.

–> El reconocimiento de las 35 horas, significa RACIONALIZAR los horarios lo cual comporta por lo tanto una mejora organizativa en todos los sentidos.

2.- VACACIONES.

Queremos poner fin a la indeterminación y el caos reinante en materia de vacaciones. No podemos admitir que las vacaciones dependan del capricho de algunos. Hemos propuesto que la elaboración del calendario de vacaciones esté confeccionado antes del 30 de abril de cada año.

–> La NORMALIZACIÓN de los calendarios de vacaciones para todo el personal, lo cual debe hacerse de manera colectiva, significa una mejora organizativa para la empresa.

3.- ANTIGÜEDAD.

A los managers de la empresa les cuesta mucho trabajito reconocer la antigüedad de TODOS/AS. Actualmente se les reconoce a unos sí y a otros no (?), según les coja el cuerpo. Hemos aportado legislación y jurisprudencia en base a la cual por cada 1.080 días trabajados, independientemente de los períodos en que se haya estado en la empresa, se tiene derecho a un trienio. OS RECOMENDAMOS QUE PIDÁIS INFORME DE VIDA LABORAL.

–> El reconocimiento de la antigüedad, se traduce en mayor compromiso con los objetivos de la EMPRESA PÚBLICA CESEX, SAU, y por extensión del grupo GPEX, mayor rendimiento y productividad e implicitamente desde un enfoque sociosicolaboral, el reconocimiento de la valía del trabajador, con el consecuente aumento de la calidad en la prestación de los servicios.

4.- CONTRATACIÓN INDEFINIDA.

Estrechamente ligado con el punto anterior, pretendemos efectuar un estudio de la contratación en la empresa, para lo cual, necesitamos que por RRHH nos faciliten copia de todos los contratos en vigor, los cuales una vez cruzados con los informes de vida laboral, servirán para determinar el número de trabajadores que ya han adquirido o adquirirán en breve la condición de fijo de plantilla, por imperativo legal, es decir por ministerio de la LEY 43/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DEL CRECIMIENTO Y DEL EMPLEO.

El principal problema con el que nos encontramos es la escasa disposición de la empresa a colaborar, practicando toda serie de maniobras dilatorias a la hora de comunicarnos los contratos, información que la empresa esta OBLIGADA LEGALMENTE por el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa de aplicación a facilitar.

–> La aplicación de la ley 43/2006 es obligatoria por parte de la empresa, los intentos de evitar su aplicación utilizando burdos procedimientos tales como, bajas ficticias de trabajadores, cambios en los tipos de contratos o despidos cuando se está a punto de cumplir el período mínimo legal para adquirir la condición de indefinifo podría interpretarse como fraude de ley.

5.- ENVIAD VUESTRAS PROPUESTAS, IDEAS O LO QUE PENSÉIS SOBRE ESTOS TEMAS, YA QUE PRÓXIMAMENTE PROSEGUIRÁN LAS REUNIONES CON LA EMPRESA:

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